La causa judicial que conmocionó a La Playosa continúa generando impacto social. Rodrigo Santi, bombero voluntario de la localidad y referente en la capacitación de menores y bomberos cadetes, confesó en sede judicial los delitos por los que estaba imputado, entre ellos abuso sexual simple y agravado, corrupción de menores y tenencia de pornografía infantil.
La investigación se inició a fines de 2024, cuando Santi fue detenido tras una serie de allanamientos realizados en su domicilio y en el cuartel de bomberos, donde se secuestraron dispositivos electrónicos y documentación considerados claves para la causa.
Con el expediente en condiciones de ser elevado a juicio, en diciembre de 2025 la fiscalía autorizó que el imputado acceda a la prisión domiciliaria en la ciudad de Villa María. La medida se basó en un informe psicológico privado que describió un cuadro de depresión grave y la necesidad de contención familiar. La decisión generó malestar en las familias querellantes, que advierten la falta de controles electrónicos y la cercanía del domicilio a establecimientos educativos.
A esto se suman cuestionamientos por el desarrollo del proceso judicial. Desde la querella denuncian irregularidades en el avance hacia un posible juicio abreviado y señalan conflictos vinculados al rol de un abogado defensor que previamente habría integrado el equipo de la fiscalía durante la investigación, lo que —afirman— afecta la transparencia del procedimiento.
La causa deberá retomar su curso tras la feria judicial, cuando la Justicia defina si el expediente es elevado a juicio. Mientras tanto, las familias reclaman claridad, garantías procesales y protección efectiva para los menores.
