Imputaron a tres personas por explotar a una familia en un campo de El Arañado

La fiscal federal María Marta Schanni imputó a una mujer oriunda de Las Varillas y a sus dos hijos por el caso de trata laboral que motivó la intervención de la Justicia para rescatar a una familia que estaba obligada a vivir en condiciones infrahumanas en un campo de El Arañado.

Schianni explicó que la imputación es por “trata laboral agravada por la pluralidad de intervinientes y por abuso de situación de vulnerabilidad de las víctimas y porque la explotación se consumó”. Marta Romero y su hijo Manuel están imputados como coautores y Brenda Julieta Clara como partícipe necesario.

Según esta imputación, de ser encontrados culpables, a los dueños del tambo en el que eran explotados un matrimonio y sus dos hijos podría caberles condenas de 10 años de cárcel como mínimo.

La fiscalía aun no pidió la detención de los tres imputados y se espera que sean citados a declarar en los próximos días. Mientras tanto, Schianni sigue recopilando pruebas para respaldar la acusación. Una pericia a los teléfonos celulares tanto de los acusados como de las víctimas podría resultar determinante en la causa.

“Son delitos graves según la hipótesis de la fiscalía. Siempre digo que la imputación es como un puntapié inicial que da lugar a la investigación. Nos basamos en los elementos que tenemos hasta el momento y eso se va trabajando a lo largo del proceso. A veces algunos elementos se caen y otros se mantienen”, expresó la fiscal federal.

Una historia que causó indignación

La historia de esta familia oriunda de San Genaro que fue rescatada por la Justicia salió a la luz luego del procedimiento que se llevó a cabo el pasado 29 de junio. Según se supo, el caso llegó a las autoridades luego de que el padre de familia sufriera un accidente laboral por el que perdió tres dedos de la mano izquierda.

“Las condiciones en las que vivía esta familia nos urgieron a nosotros a llevar a cabo el procedimiento para rescatarlos porque desde que el hombre tuvo el accidente en el que perdió tres dedos de una mano habían estado abandonados a su suerte. Ya ni siquiera podían ir al pueblo a proveerse de alimentos, agua potable. En el tambo no tenían instalación de agua, no tenían ni potable ni no potable. Sacaban de un pozo. Las instalaciones eléctricas eran muy precarias, se caían los revoques, el baño era una letrina afuera de la vivienda que tenía la puerta rota. Las condiciones eran insalubres e indignas”, explicó Schianni.

En cuanto a las condiciones laborales añadió que “no tenían ninguna protección para realizar el trabajo del campo. No estaban inscriptos, no tenían ART. Cobraban una remuneración muy mínima, de 23.000 pesos. Encima de ese monto se les descontaba todo lo que consumían en concepto de subsistencia: la comida, el agua y demás. De hecho algunos meses no cobraron porque los dueños alegaban que se habían gastado todo en comida. Era una situación muy indigna la que estaban atravesando y ello, sumado a la presencia de menores, nos obligó a rescatarlos con el apoyo de la Secretaría de Trata.

En la actualidad la familia rescatada se encuentra en un refugio en la ciudad de Córdoba en el que se asiste a víctimas de la trata. Allí son contenidos y asesorados para sumarse a algún programa institucional que les permita encontrar una fuente de trabajo y así reinsertarse a la sociedad.

Mientras tanto, la fiscal busca sumar pruebas y se espera que el padre de familia preste declaración en Cámara Gesell.

Acerca de la sensación que le provocó el caso, la fiscal federal expresó: “Es una responsabilidad del Estado actuar y alzarse como la voz de la víctima. Tratar de ocupar el rol que la víctima no puede ejercer porque es vulnerable, y hay alguien que se aprovecha de esa vulnerabilidad ya sea pobreza, falta de educación, tener una familia a cargo y tener ese trabajo como única opción… Me siento responsable como parte del Estado de darle una cobertura y un apoyo para salir adelante”.

FUENTE: La Voz de San Justo