La negociación entre Pauny y los trabajadores metalúrgicos volvió a pasar a un cuarto intermedio y, por ahora, no hay acuerdo sobre los principales puntos del conflicto.
Tras la audiencia realizada este miércoles en la delegación local del Ministerio de Trabajo, el gerente de Producción de Pauny, Eduardo Barbieri, señaló que hubo avances y que se trabaja sobre un acuerdo integral que incluya al personal quincenal y mensualizado, además de la regularización de los salarios adeudados.
Uno de los temas que continúa sobre la mesa es la propuesta de reducción de la jornada laboral. Barbieri confirmó que todavía se analiza y que la intención de la empresa es alcanzar una definición antes de finalizar agosto, para comenzar septiembre bajo un nuevo esquema.
La mirada de la UOM fue menos optimista. El representante gremial Gabriel Bertola sostuvo que todavía no existe una propuesta que permita cerrar el conflicto y remarcó que la prioridad es contar con un cronograma concreto para cancelar los salarios pendientes.
La UOM mantiene su rechazo al esquema planteado por la empresa de reducir la jornada en dos días semanales con una remuneración equivalente al 50% durante esas jornadas. El gremio reclama alternativas que tengan un menor impacto sobre los ingresos.
Bertola también cuestionó la situación del personal mensualizado y señaló que los atrasos salariales no fueron iguales para todos los trabajadores.
Además, remarcó que cualquier eventual acuerdo deberá ser aprobado por los trabajadores. Según indicó, la decisión quedará en manos de la mayoría de los aproximadamente 500 empleados de la planta.
La intención es volver a reunirse este viernes a las 10 en el Ministerio de Trabajo, aunque desde la UOM advirtieron que la audiencia dependerá de que la empresa presente una propuesta superadora.
El conflicto se desarrolla en un contexto de menor actividad para la industria de maquinaria agrícola y, según explicó Bertola, de dificultades en la provisión de algunos insumos que también afectan el ritmo de producción de Pauny.
Por ahora, las partes siguen negociando, pero mantienen diferencias sobre cómo afrontar la caída de actividad y quién debe asumir sus costos.
